La situación actual nos muestra que las personas de menor edad son las que están más desfavorecidas en el Uruguay y que la tasa de pobreza desciende sistemáticamente con el aumento de la edad. La exclusión, la fragmentación social y la segmentación territorial, así como la situación de indigencia en que viven un elevado número de niños y niñas en nuestro país nos hablan de un punto de particular gravedad.
Las instituciones públicas o privadas que trabajan cotidianamente con este sector de la población: el Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), los centros educativos, los centros de salud, el Poder Judicial y las organizaciones sociales, se ven muchas veces superadas por la realidad. Requieren del Parlamento respuestas para apoyar una adaptación rápida y efectiva a los nuevos desafíos que se les presentan; generar nuevas institucionalidades acordes al nuevo paradigma y desarrollar capacidades institucionales que respondan a las problemáticas emergentes.
Por todo lo dicho, podemos señalar que existe una responsabilidad colectiva con la infancia, especialmente con la que vive en condiciones de pobreza.
Para asumir como parlamentarios la atención particular de este tema, proponemos la creación de un Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. El mismo estará integrado por legisladores y legisladoras de todos los partidos políticos de ambas Cámaras que se comprometan a desarrollar acciones comunes en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, a la luz de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Código del Niño y del Adolescente de la República Oriental del Uruguay.
Objetivo General:
Contribuir al pleno cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el Uruguay, de acuerdo a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y demás instrumentos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Entre los objetivos específicos que esperamos de este Grupo Parlamentario señalamos, entre otros:
1-Instalar y ampliar el debate nacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y su incidencia en la formulación e implementación de las políticas públicas (sociales y económicas, entre otras); a partir del diálogo y articulación del Parlamento con el Poder Ejecutivo -particularmente el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, el Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos del Niño y Adolescente, y las Comisiones Interinstitucionales abocadas a la temática-, el Poder Judicial, así como con los organismos municipales y las organizaciones de la sociedad civil, y los propios niños, niñas y adolescentes promoviendo movimientos instituyentes en favor de estos últimos.
2- Diseñar, analizar y promover propuestas legislativas desde una perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes, velando para que las mismas promuevan y garanticen plenamente sus derechos como ciudadanos y ciudadanas de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño.
3- Velar para que las leyes se apliquen e instrumenten garantizando efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes.
4- Monitorear la situación de la niñez y adolescencia del Uruguay acompañando los procesos de denuncia y restitución de derechos humanos que hubieren sido vulnerados a grupos de niños, niñas y adolescentes o en temáticas especialmente difíciles tales como: violencia doméstica, privación de libertad, violencia institucional, discriminación por condición social, económica, por sus creencias, entre otras.
5- Seguimiento y difusión del gasto público y de la inversión en las políticas públicas, universales o focalizadas, relativas a niños, niñas y adolescentes; así como del logro de sus objetivos en la ejecución.
6- Desarrollar acciones con otras instituciones u actores sociales que lleven adelante emprendimientos o iniciativas para la construcción de ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. A esos efectos se realizará una convocatoria para participar de una red con organizaciones sociales que tengan fines similares.
La enumeración de objetivos efectuada precedentemente, deberá interpretarse desde una perspectiva de derechos humanos, en el marco de la asignación de competencias efectuada por la Constitución Nacional a los distintos Poderes del Estado.
Los parlamentarios integrantes del Grupo Parlamentario por los Derechos de la Niñez y Adolescencia adherirán a los siguientes principios básicos:
No discriminación
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de discriminación, cualquiera sea su edad, origen étnico, género, orientación sexual, condición social, ideología, creencias religiosas, discapacidad o cualquier otra razón, sean estas condiciones propias o de su familia.
Participación
Los niños, niñas y adolescentes, en tanto sujetos de derechos, por tanto ciudadanos, tienen derecho a ser oídos, a incidir en las decisiones, a participar, a asociarse y expresar sus opiniones a través de los distintos medios de comunicación.
Trato preferente
Niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir un trato preferente respecto a las personas adultas; en particular: derecho a la educación y recreación, a no verse compelidos a trabajar para sobrevivir y a no ser sancionados penalmente por sus conductas.
No violencia
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a crecer y desarrollarse en un ambiente de buen trato, sin recibir ninguna forma de castigo físico y/o trato humillante so pretexto de su educación o corrección, y a ser protegidos contra toda forma de maltrato y/o abuso sexual intra o extrafamiliar, y frente a todas las posibles formas de explotación sexual o laboral.
Por lo expuesto este Grupo Parlamentario se ha conformado con legisladores y legisladoras que han expresado su adhesión a la presente declaración:
Ratificamos el respeto de la plena vigencia de los principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Uruguay, el 28 de setiembre de 1990 (Ley Nº 16.137).
En ese marco, y como forma de avanzar en el logro de los objetivos que nuestro país y la comunidad internacional se proponen para el ejercicio pleno de los derechos humanos en la niñez y la adolescencia, nos comprometemos a:
1. Promover el cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia y la plena vigencia de la protección integral en todas las normas aprobadas por el Parlamento Nacional.
2. Estimular el debate y la presentación de propuestas a favor de niños, niñas y adolescentes, a través de reuniones, mesas de trabajo, comisiones y eventos públicos con la participación y opinión de las organizaciones de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes.
3. Establecer como prioridad la creación de una Agenda por la Infancia en consulta con las colectividades políticas representadas en el Parlamento, los niños, niñas y adolescentes, las organizaciones sociales y las instituciones estatales, buscando el más amplio acuerdo para su implementación.
4. Promover acciones tendientes a revertir las situaciones de pobreza o indigencia que afectan a niños, niñas y adolescentes, en coordinación con los organismos competentes.
5. La labor legislativa de propuesta, análisis y revisión de normas referidas a la niñez y la adolescencia se realizará desde una perspectiva integral, incluyendo diagnósticos adecuados y en consonancia con una guía que contenga los criterios de técnica legislativa más pertinentes.
6 Propiciar que las instituciones públicas jerarquicen en sus cometidos y formas de funcionamiento la participación de niños, niñas y adolescentes y la eliminación de todas las formas de violencia contra este sector de la población.
7. Controlar que la asignación de recursos y su ejecución sea acorde con los objetivos propuestos.
8. Velar por que las normas, planes y programas que involucren a niños, niñas y adolescentes se basen en los principios de participación y no discriminación (por género, discapacidad, etnia, creencia religiosa, situación socio-económica o cualquier otra razón); y la evaluación permanente por parte de aquellos a quienes van dirigidos.
9. Brindar a los niños, niñas y adolescentes, así como a las familias y a la comunidad, el apoyo necesario para promover y proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.
10. Promover la sensibilización de la sociedad y generar mecanismos para erradicar toda forma de violencia (sea esta familiar, institucional o social) que atente contra niños, niñas y adolescentes.
11. Promover las condiciones que permitan, faciliten e incorporen el derecho de opinión, organización y participación de las niñas, niños y adolescentes para que puedan ejercer su calidad de sujetos de derecho y actores de la sociedad, de manera libre y espontánea en los temas que ellos consideren pertinentes.
12. Propiciar en los foros internacionales en que se participe, la armonización legislativa regional e internacional, así como el desarrollo de acciones comunes que promuevan el pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes".
